España se enfrenta nuevamente a una grave crisis de vivienda. Con los alquileres disparados, escasez de viviendas asequibles y un auge incontrolado del alquiler turístico, el debate gira en torno a una disyuntiva crucial: ¿debe el Estado intervenir mediante expropiaciones de viviendas vacías, o promover soluciones basadas en incentivos económicos para fomentar el acceso y la oferta?
Precios en ascenso, acceso en descenso
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de alquiler han subido más de un 20 % en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma en los últimos tres años. En algunos barrios de Barcelona, los precios mensuales ya superan los 1.300–1.500 euros, absorbiendo hasta el 60 % del salario medio de un hogar.
La compra tampoco es una opción realista para muchos. En 2025, el precio medio por metro cuadrado alcanza 4.400 € en Madrid y 4.700 € en Barcelona.
Causas principales de la crisis
La crisis actual se debe a una combinación de factores estructurales y recientes:
- Proliferación del alquiler turístico, especialmente a través de plataformas como Airbnb
- Falta de construcción de vivienda pública y social, con retrasos significativos en los proyectos anunciados
- Especulación inmobiliaria, con fondos de inversión adquiriendo propiedades para rentabilidad
- Ausencia de sanciones efectivas contra las viviendas vacías: se estima que hay más de 3,8 millones de inmuebles vacíos, de los cuales 1 millón se encuentran en zonas urbanas
Expropiación: ¿último recurso o amenaza a la propiedad?
Comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares han aprobado leyes que permiten la expropiación temporal de viviendas vacías, especialmente si son propiedad de bancos o grandes fondos.
En 2024, Cataluña aprobó un decreto que permite a los ayuntamientos confiscar viviendas desocupadas por más de dos años para destinarlas a alquiler social.
Comentario: «No estamos en contra del mercado, pero cuando hay miles de familias sin techo, el Estado debe actuar», declara Joan Sanz, portavoz de la PAH en Barcelona.
Los opositores, sin embargo, argumentan que la medida vulnera el derecho a la propiedad privada y crea inseguridad jurídica.
Comentario: «La expropiación es un precedente peligroso que desincentiva la inversión. Necesitamos incentivos, no castigos», afirma Luis Morales, gestor de un fondo inmobiliario en Madrid.
Incentivos: el camino del mercado
Regiones como Madrid y Andalucía han optado por mecanismos de estímulo que incluyen:
- Deducciones fiscales para arrendadores que alquilan por debajo del precio de mercado
- Subvenciones para reformar inmuebles con destino al alquiler
- Bonificaciones urbanísticas por incluir vivienda asequible en nuevos desarrollos
- Avales públicos que minimicen riesgos para propietarios
En 2025, el Gobierno destinó 2.400 millones de euros para apoyar estas políticas.
Palma de Mallorca: modelo mixto
El Ayuntamiento de Palma ha implementado un enfoque híbrido: penaliza las viviendas vacías con impuestos y ofrece hasta 15.000 € por unidad para reformas, si el alquiler posterior no supera los 9 €/m².
Gracias a esta política, más de 900 viviendas han vuelto al mercado en el último año.
España en la encrucijada
A diferencia de países como Alemania o los Países Bajos, que ya aplican techos al alquiler o promueven masivamente la vivienda social, España se encuentra en una fase experimental, con políticas divergentes según la comunidad.
El sector inmobiliario representa cerca del 10 % del PIB nacional, por lo que cualquier decisión drástica puede tener repercusiones económicas importantes.
La voz de los propietarios
Pequeños propietarios —muchos de ellos personas mayores— suelen evitar alquilar por miedo a impagos o bajos beneficios. Otros prefieren dejar las propiedades vacías o venderlas a fondos.
Sin embargo, algunos inversores institucionales están comenzando a colaborar con los ayuntamientos mediante modelos de alquiler garantizado.
El papel de la Unión Europea
La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que al menos el 15 % del parque de vivienda sea social o asequible. En España, ese porcentaje es de 2,5–3 %.
Con fondos europeos se están desarrollando proyectos piloto en Valencia, Zaragoza y Bilbao, donde el alquiler mensual oscila entre 450 y 550 euros.
Conclusión
España se enfrenta al desafío de elegir entre intervenciones contundentes como la expropiación o políticas basadas en colaboración e incentivos de mercado.
La mayoría de expertos coincide en que la solución ideal será una combinación equilibrada: regulación, inversión pública, cooperación con el sector privado y protección del derecho a la vivienda.
Comentario: «No hay soluciones mágicas. Hace falta una estrategia inteligente y sostenida en el tiempo», resume Ursula Mendoza, urbanista en Valencia.
El futuro del modelo habitacional en España no solo marcará la vida de millones de ciudadanos, sino que también sentará precedentes para otras naciones europeas que atraviesan crisis similares.
