Una reciente reforma urbanística propuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha generado inquietud entre propietarios, arrendadores e inversores. Mientras las autoridades locales defienden la necesidad de modernizar la ciudad y hacerla más habitable y sostenible, crece el temor a posibles expropiaciones, pérdida de valor patrimonial y restricciones de uso en determinadas zonas.
El caso se ha convertido en un símbolo de una tensión creciente en muchas ciudades europeas: cómo equilibrar el interés público con los derechos de propiedad privada.
¿Qué contempla la reforma?
La reforma impulsada por el área de Urbanismo del consistorio busca reorganizar amplias zonas urbanas, con especial énfasis en los barrios más densos y con infraestructuras obsoletas. Los principales puntos del plan incluyen:
- Reconfiguración del viario urbano para priorizar peatones y bicicletas
- Creación de corredores verdes y nuevos espacios públicos
- Restricciones a la altura y densidad de edificación
- Zonas de interés público, susceptibles de expropiación rápida en casos específicos
- Medidas ambientales, como zonas de bajas emisiones y limitación del tráfico en el casco antiguo
Desde el Ayuntamiento se asegura que el objetivo es hacer de Las Palmas una ciudad más saludable, accesible y resiliente frente al cambio climático.
Preocupaciones de los propietarios
Sin embargo, muchos vecinos temen que estas reformas puedan tener consecuencias perjudiciales para su patrimonio. Entre las principales inquietudes figuran:
- Falta de claridad jurídica sobre qué zonas serán declaradas de interés público
- Incertidumbre sobre los criterios de expropiación y compensación
- Pérdida de valor de mercado para viviendas ubicadas en áreas afectadas
- Impacto negativo en pequeños negocios que podrían verse obligados a reubicarse
María López, propietaria de una vivienda en el barrio de Vega de San José, comenta:
“Llevamos décadas viviendo aquí. Ahora nos dicen que la zona puede ser rediseñada, y tememos perder lo que es nuestro sin una compensación justa.”
Impacto en el mercado inmobiliario
Según la consultora Canaria Inversión Urbana, la compraventa de viviendas en las zonas afectadas por la reforma descendió un 22 % durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. En barrios como La Isleta y San Nicolás, los precios han caído entre un 8 y un 12 %.
Además, muchos inversores han paralizado sus operaciones por temor a cambios regulatorios y de uso del suelo. Grupo Atlántico Real estima que cerca del 30 % de las inversiones previstas en el centro histórico han sido canceladas o aplazadas.
Opinión de los expertos
Urbanistas y analistas señalan que la modernización urbana es esencial para el desarrollo de ciudades sostenibles, pero alertan de que debe realizarse con marcos legales claros y mecanismos de compensación justos.
Juan Pérez, profesor de urbanismo en la Universidad de Las Palmas, explica:
“No se puede transformar una ciudad ignorando los derechos de quienes viven en ella. La falta de participación ciudadana y la ambigüedad legal pueden convertir una reforma necesaria en una fuente de conflicto social.”
Acciones legales y presión ciudadana
En respuesta a la incertidumbre generada, varias asociaciones de propietarios han comenzado a movilizarse. Bufetes como LexCan Abogados están preparando recursos judiciales ante lo que consideran una potencial vulneración del derecho a la propiedad consagrado en la Constitución Española y en tratados europeos.
Los puntos que más se están impugnando son:
- Ambigüedad en la delimitación de zonas de interés público
- Falta de audiencias públicas o consulta vecinal
- Posible insuficiencia de las compensaciones previstas
- Amenazas al tejido económico local, especialmente en sectores comerciales y turísticos
Algunos vecinos ya han solicitado la suspensión cautelar de partes del plan urbanístico.
Respuesta institucional
El alcalde Alejandro Ramírez aseguró en rueda de prensa en junio de 2025 que:
“Nadie será desalojado sin garantías ni compensaciones justas. Esta reforma no es para expulsar, sino para revitalizar.”
Asimismo, se comprometió a estudiar fórmulas como el intercambio de suelos, ayudas a la rehabilitación y diálogo permanente con los afectados. No obstante, aún no se han publicado medidas concretas ni calendario de aplicación.
Evolución de los precios inmobiliarios
En julio de 2025, el precio medio por metro cuadrado en zonas afectadas ronda los 1.600–1.800 €, frente a los 2.200–2.400 € del año anterior. En contraste, barrios no incluidos en la reforma, como Tafira o Ciudad Alta, mantienen valores estables de entre 2.400 y 2.600 €/m² y una demanda creciente (+17 % interanual).
Los alquileres también muestran signos de debilidad en las zonas con incertidumbre urbanística, con aumentos en los períodos de vacancia y ajustes en los precios.
Una lección para Europa
Lo que ocurre en Las Palmas es representativo de un dilema que enfrentan muchas ciudades europeas: cómo hacer las urbes más sostenibles sin erosionar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Casos similares se han registrado en Berlín, Ámsterdam, París y Barcelona, donde planes de transformación urbana han provocado disputas similares entre administraciones públicas y propietarios.
Conclusión
La reforma urbanística de Las Palmas tiene objetivos loables: sostenibilidad, movilidad, recuperación de espacio público y modernización. Sin embargo, sin transparencia normativa, compensaciones adecuadas y participación ciudadana real, corre el riesgo de generar más problemas que soluciones.
Para que esta transformación sea un ejemplo positivo, deberá apoyarse en el diálogo, el respeto por los derechos adquiridos y una visión urbana inclusiva. Solo así Las Palmas podrá posicionarse como modelo de regeneración urbana equilibrada y justa en Europa.
