En 2025, Polonia aprobó una nueva ley que suspende temporalmente el derecho de solicitar asilo para aquellas personas que crucen ilegalmente la frontera nacional. Esta decisión representa un cambio significativo en la política migratoria del país, cuyo objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y agilizar los procesos administrativos. La medida ha provocado un amplio debate público y ha generado reacciones de organismos internacionales y autoridades europeas.
¿Qué establece la nueva ley?
La legislación impide automáticamente el acceso al procedimiento de asilo a quienes ingresen a Polonia por pasos fronterizos no autorizados. Estas personas están sujetas a expulsión acelerada en un plazo máximo de 48 horas tras su detención.
Excepciones previstas
Solo algunas categorías vulnerables quedan exceptuadas:
- mujeres embarazadas
- menores no acompañados
- personas con discapacidad o enfermedades graves
En todos los casos, se requiere una evaluación individual antes de considerar su permanencia.
Recurso sin efecto suspensivo
Aunque es posible presentar una apelación, esta no detiene el proceso de expulsión, lo que ha generado preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos.
Costes de aplicación y presupuesto estatal
Para implementar esta ley, el gobierno polaco ha asignado un presupuesto estimado de 280 millones de euros para 2025.
Distribución de gastos:
- 120 millones de euros para modernizar la infraestructura fronteriza (videovigilancia, barreras, sistemas digitales)
- 80 millones de euros para construir centros temporales de detención
- 45 millones de euros anuales para salarios de personal (guardias fronterizos, médicos, intérpretes, abogados)
- 35 millones de euros para transporte y operaciones de expulsión
El coste promedio por deportación individual varía entre 200 y 1.200 euros, dependiendo del país de destino y la logística.
Reacción de la sociedad polaca
Según encuestas recientes, aproximadamente el 62 % de los ciudadanos polacos apoya el endurecimiento de las medidas fronterizas y las restricciones al derecho de asilo. El respaldo es especialmente alto en las regiones fronterizas.
Sin embargo, en ciudades como Varsovia o Gdansk se han producido protestas y manifestaciones. Organizaciones civiles y humanitarias han advertido sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales y denuncian dificultades para acceder a los centros de detención y prestar asistencia jurídica.
Reacción internacional
Críticas desde la UE y organizaciones humanitarias
- La Comisión Europea ha solicitado aclaraciones sobre la compatibilidad de la ley con el derecho europeo y la Convención de Ginebra.
- Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias de las expulsiones aceleradas.
- Expertos jurídicos consideran que la normativa puede afectar el derecho de acceso efectivo a protección internacional.
Apoyos moderados
Algunos Estados miembros de la Unión Europea han respaldado parcialmente la posición de Polonia, reconociendo el derecho del país a proteger sus fronteras siempre que respete sus compromisos internacionales.
Impacto económico y en el mercado laboral
Economistas advierten que el endurecimiento de la política migratoria puede provocar escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y la logística. Muchos empleadores dependen del trabajo extranjero temporal.
Según el Instituto Económico de Varsovia, el impacto potencial en la economía podría oscilar entre una pérdida del 0,3 % al 0,6 % del PIB anual. Además, existe el riesgo de que se suspendan ciertos fondos europeos, si se considera que la ley infringe principios básicos del bloque comunitario.
Riesgos humanitarios
Organizaciones de derechos humanos informan de un aumento del 70 % en las denegaciones de asilo respecto al año anterior. Se han documentado casos de deportaciones sin asistencia médica, sin traductores ni acceso a asesoría legal. Más de 30 casos están siendo examinados actualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Algunas de las personas expulsadas podrían haber reunido los requisitos para recibir protección internacional por razones de persecución o violencia.
Próximas medidas del gobierno polaco
Las autoridades polacas han confirmado que continuarán con las reformas. Entre las próximas medidas se encuentran:
- creación de una Agencia Nacional de Migración y Retorno
- implementación de un sistema digital de monitoreo para extranjeros
- modificación de la legislación sobre residencia temporal y permisos de trabajo
El gobierno insiste en que Polonia seguirá cumpliendo con las normas internacionales, aunque la seguridad nacional y el control fronterizo seguirán siendo prioridades clave.
Conclusión
Polonia aprueba una ley que suspende el derecho de asilo a los migrantes, centrándose en la seguridad fronteriza, la eficiencia administrativa y el control del ingreso irregular. Con una inversión estatal de 280 millones de euros y el respaldo de una mayoría social, la medida representa un cambio estructural en la política migratoria del país.
No obstante, las advertencias desde organismos internacionales subrayan la necesidad de equilibrar soberanía, derechos humanos y obligaciones europeas. La eficacia real de la ley dependerá de su aplicación práctica y del seguimiento jurídico a nivel de la Unión Europea.
