Cuando los jueces en Luxemburgo publicaron su decisión sobre la llamada ley de guetos de Dinamarca en diciembre, no estaban diseccionando una fórmula jurídica abstracta. Lo que estaba en juego era concreto: contratos de alquiler, facturas mensuales, estabilidad habitacional y si miles de familias en Copenhague podrán seguir pagando un techo.
El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una decisión prejudicial señalando que la política danesa que exige reducir la vivienda social en distritos con una “mayoría de residentes no occidentales” puede constituir discriminación étnica ilegal. La última palabra corresponde al Tribunal Superior Oriental de Dinamarca, pero la interpretación del TJUE es vinculante — y socava la base legal de la estrategia danesa de “cero guetos para 2030”.
Cómo funcionaba la ley danesa sobre “sociedades paralelas”
En 2018, Dinamarca adoptó un paquete legislativo dirigido a las llamadas sociedades paralelas. La terminología oficial hablaba de “áreas de transformación”, pero en el debate político el concepto se conoció rápidamente como ley de guetos. Los distritos se incluían en una lista si cumplían varias condiciones simultáneamente: alto desempleo, bajos ingresos, criminalidad elevada, malos resultados educativos — y, sobre todo, más del 50 por ciento de residentes de “origen no occidental”.
Para los barrios incluidos en esa lista, el Estado exigía reducir la proporción de vivienda social a un máximo del 40 por ciento para 2030. Los municipios podían lograrlo mediante demolición, venta de bloques de vivienda social a inversores privados o conversión a viviendas de mayor precio. En la práctica, se desplazaba a personas, los edificios se demolían o se vendían y una parte significativa de la vivienda social en las grandes ciudades danesas se canalizaba hacia proyectos de reurbanización.
La escala fue considerable. Miles de residentes en Copenhague, Aarhus y Odense se han visto afectados directamente. En Mjølnerparken, en el barrio de Nørrebro — el ejemplo más conocido — más de 1.000 residentes ya han sido reubicados o enfrentan la pérdida de sus viviendas.
Qué dijo el Tribunal de la Unión Europea
El Tribunal examinó la ley danesa conforme a la Directiva de Igualdad Racial (2000/43/CE), que prohíbe la discriminación en el acceso a la vivienda. Destacaron tres conclusiones.
Primero, clasificar a los residentes como “occidentales” y “no occidentales” no es una etiqueta sociológica neutra sino un sustituto del origen étnico. Cuando una política de vivienda aísla zonas con mayoría de residentes “no occidentales” para someterlas a más demolición y reubicación, entra claramente en el ámbito de la Directiva.
Segundo, la obligación de reducir la proporción de vivienda social en esos distritos a un máximo del 40 por ciento para 2030 genera condiciones inferiores específicamente para quienes viven en el “distrito demográfico equivocado” — incluso si sus ingresos, empleo o comportamiento son idénticos a los de otros barrios de bajos ingresos. Esto parece discriminación directa o, como mínimo, indirecta.
Tercero, el Tribunal reconoció que combatir la segregación o la delincuencia puede ser un objetivo legítimo de política pública. Pero la legitimidad no justifica medidas que dañan sistemáticamente a minorías étnicas cuando podrían emplearse instrumentos menos destructivos. Ahora corresponde a los jueces daneses evaluar si la demolición, la reubicación forzosa y la venta de activos fueron realmente las únicas herramientas viables.
El precio del traslado en Copenhague
En el mercado de alquiler actual de Copenhague, una habitación en un piso compartido cuesta 4.000–6.000 coronas danesas mensuales, que a 1 DKK ≈ €0,1337 equivale a unos €535–€800. Un estudio o apartamento de una habitación cuesta 8.000–10.000 DKK, es decir, €1.070–€1.340 al mes. Los apartamentos de dos o tres habitaciones suelen situarse entre 13.000 y 15.000 DKK, equivalentes a €1.740–€2.005, mientras que viviendas más grandes empiezan en 16.000 DKK, superando los €2.130 mensuales.
En comparación, los analistas estiman que un piso estándar de dos habitaciones en el centro de Copenhague, incluidos alquiler y servicios, puede alcanzar 18.000–25.000 DKK — alrededor de €2.410–€3.340. En ciudades regionales como Odense, Aalborg o Aarhus, dos habitaciones pueden fácilmente llegar a €1.150 al mes, una cifra lejos de trivial respecto a los salarios locales.
La vivienda social en áreas como Mjølnerparken ofrecía tradicionalmente alquileres más bajos y mayor seguridad contractual que el mercado privado. Las cifras varían, pero la diferencia entre un alquiler social previo y un nuevo alquiler privado tras la reurbanización puede ser de varios miles de coronas — €300–€500 mensuales para una familia. Una brecha que muchos hogares no pueden absorber.
Cuando el Estado impone una reducción de vivienda social, las familias deben perseguir los escasos pisos asequibles en una ciudad sobrecalentada o aceptar una reubicación hacia áreas periféricas donde el coste habitacional es menor pero también el acceso al empleo y a los servicios.
Urbanismo anti-gueto y economía del suelo
Para los responsables políticos daneses, la lógica era simple: Dinamarca debe ser “una sociedad unificada”, y los barrios con alta concentración de población migrante deben deshacerse. La estrategia “cero guetos para 2030” exigía explícitamente reubicación y venta de activos municipales a promotores privados, que obtenían acceso a suelo céntrico.
Para los inversores, los incentivos eran evidentes. Demoler y renovar en el centro de Copenhague abre acceso a parcelas donde los alquileres familiares pueden superar los €2.000 mensuales, en un mercado de escasez estructural. Pero la sentencia europea plantea una pregunta clave: ¿se basaban algunos de esos casos de inversión en disposiciones que ahora se consideran discriminatorias?
Los asesores jurídicos ya advierten que si los tribunales daneses anulan las disposiciones, la responsabilidad podría no recaer solo sobre el Estado. Los municipios y socios privados involucrados en la venta o renovación podrían enfrentar reclamaciones — desde indemnizaciones a familias reubicadas hasta impugnaciones de ventas pasadas.
Qué significa esto para Europa
Dinamarca no está sola. Los Países Bajos aplican desde hace más de una década la Rotterdamwet — una ley que restringe el asentamiento en determinados barrios a hogares con bajos ingresos, muchos de ellos inmigrantes. Francia y Bélgica también experimentan con obligaciones de mezcla social en suburbios, mientras Suecia debate políticas de dispersión para zonas con fuerte presencia migrante.
El Tribunal de la UE ha trazado ahora un límite jurídico más claro. Utilizar estadísticas de ingresos, empleo o criminalidad como base de políticas específicas de vivienda puede superar los test de proporcionalidad si se justifica con rigor. Utilizar la etnia — directa o mediante indicadores evidentes — implica ahora un riesgo mucho mayor de incompatibilidad con la legislación europea.
Los gobiernos deben ajustar tanto la retórica como los números. Cada compromiso de reducir vivienda social, cada plan de reurbanización en zonas de alta concentración migrante, requiere ahora una prueba de no discriminación. Y la economía del mercado del alquiler — niveles de renta, umbrales de ingresos, mecanismos compensatorios — importará tanto como los objetivos políticos.
En resumen
La ley danesa de guetos muestra que la política de vivienda ya no se limita a construir. Se ha convertido en una pugna sobre quién puede quedarse en la ciudad — y a qué precio — cuando los alquileres en Copenhague van de €500–€800 por una habitación a €3.000 o más por apartamentos familiares en el centro, y cuando la vivienda social suele ser la única barrera que impide la exclusión de hogares de bajos ingresos.
La decisión prejudicial no restaura los bloques demolidos ni devuelve automáticamente a los inquilinos desplazados a sus antiguos hogares. Pero asigna un coste a decisiones políticas que intentaron ocultar criterios étnicos bajo lenguaje burocrático. Cualquier gobierno europeo que pretenda reequilibrar distritos mediante reducciones forzadas de vivienda social deberá ahora contabilizar no solo metros cuadrados, sino también riesgo legal, posibles compensaciones y el coste social impuesto a residentes que ya luchan en algunos de los mercados de alquiler más caros del continente.
