El gobierno de España ha ordenado oficialmente a Airbnb retirar más de 65.000 anuncios de alquiler turístico de corta duración que no cumplen con las normativas locales. Esta decisión se enmarca en el esfuerzo por hacer frente a la creciente crisis de vivienda, que afecta a muchas ciudades españolas, especialmente aquellas con alta presión turística. Las autoridades acusan a la plataforma de contribuir al aumento del precio de los alquileres y de reducir la disponibilidad de viviendas para los residentes.
¿Qué exige el gobierno?
El Ministerio de Consumo de España ha emitido una orden formal exigiendo a Airbnb la eliminación inmediata de todos los anuncios ilegales o no registrados. Estos anuncios, en su mayoría ubicados en Cataluña, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, no cumplen con los requisitos de registro ni están autorizados por los organismos locales o autonómicos.
Según el gobierno, estas viviendas están fuera del control administrativo, evaden impuestos y empeoran la escasez de vivienda para uso residencial permanente.
El trasfondo: una crisis habitacional creciente
En los últimos años, ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Palma de Mallorca han visto aumentos del 30–40 % en los precios de alquiler. En algunos barrios, hasta el 30 % del parque de viviendas se destina exclusivamente al turismo a través de plataformas como Airbnb o Booking.
Este fenómeno ha llevado a una fuerte reducción de la oferta de alquiler a largo plazo, afectando principalmente a jóvenes, estudiantes y trabajadores con ingresos medios o bajos. Para el gobierno, el alquiler turístico no regulado contribuye directamente a la especulación inmobiliaria.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaró:
«No podemos permitir que plataformas digitales globales gestionen el mercado de la vivienda sin respetar nuestras leyes ni los derechos de los ciudadanos.»
Apoyo de los gobiernos regionales
Muchas comunidades autónomas ya han aplicado normativas estrictas para limitar el alquiler turístico:
- En Barcelona y Palma, es obligatorio registrar las viviendas turísticas.
- En Palma de Mallorca, se prohíbe el alquiler de corta duración en la mayoría de los edificios de viviendas colectivas.
- Canarias y Valencia preparan nuevas restricciones para limitar la turistificación.
Con el respaldo del gobierno central, las autoridades regionales cuentan ahora con más herramientas para obligar a las plataformas a cumplir la normativa. En caso de incumplimiento, podrían imponerse sanciones económicas o incluso restricciones técnicas a la actividad de Airbnb en territorio español.
La respuesta de Airbnb
Airbnb manifestó su decepción por la medida, aunque expresó su voluntad de colaborar. La empresa subrayó que muchos anfitriones son familias que dependen de estos ingresos, especialmente en un contexto económico difícil.
Airbnb aseguró que revisará y eliminará los anuncios que no cumplan con la legislación. Recordó que ya ha implementado funciones como la inclusión del número de registro y herramientas de filtrado para asegurar la legalidad de las publicaciones.
Impacto en el mercado de alquiler
La eliminación de 65.000 anuncios tendrá un impacto significativo en el mercado inmobiliario:
- Para el turismo, supondrá una reducción de la oferta y posibles aumentos de precios.
- Para los residentes, se espera una mejora en la disponibilidad de viviendas de alquiler a largo plazo.
- Para los propietarios, especialmente pequeños, puede significar una pérdida importante de ingresos.
Expertos consideran que muchas de estas viviendas volverán al mercado residencial tradicional, lo que podría aliviar parcialmente la presión sobre los precios del alquiler.
Opinión pública dividida
La decisión ha provocado reacciones encontradas:
- Una parte de la población, especialmente jóvenes y trabajadores urbanos, apoya la medida, reclamando un derecho básico a la vivienda.
- Otros, como propietarios y representantes del sector turístico, la consideran una amenaza para la economía local y el empleo en sectores como la hostelería, la limpieza o el transporte.
En ciudades como Barcelona, Granada o Tenerife ya se han realizado manifestaciones tanto a favor como en contra de las restricciones al alquiler turístico.
Un fenómeno global
España no es el único país que endurece la regulación del alquiler de corta duración. Ciudades como París, Ámsterdam, Berlín, Nueva York y San Francisco han impuesto restricciones similares, como:
- Límite de días anuales permitidos;
- Registro obligatorio de los alojamientos;
- Sanciones elevadas por incumplimiento.
La decisión española refleja una tendencia global hacia un mayor control estatal sobre plataformas que afectan el equilibrio urbano.
Próximos pasos
El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana trabaja en una reforma nacional del alquiler turístico, que incluirá:
- Un registro digital centralizado de todas las viviendas de uso turístico;
- La obligación de las plataformas de verificar el número de registro antes de publicar los anuncios;
- Sistemas automatizados para detectar y eliminar anuncios ilegales.
España podría convertirse en el primer país de la UE en contar con una plataforma digital centralizada de control de alquileres turísticos.
Conclusión
España ordena a Airbnb eliminar 65.000 anuncios en medio de la crisis de vivienda es una medida contundente que señala un cambio en la política habitacional del país. El objetivo es claro: recuperar el control del mercado inmobiliario, garantizar el derecho a la vivienda y restablecer el equilibrio entre turismo y vida local.
Aunque habrá repercusiones a corto plazo para algunos sectores, el gobierno apuesta por una solución estructural que beneficie a largo plazo a quienes viven, trabajan y construyen su vida en las ciudades españolas.
